[ CordeRo ]

Plan Cóndor.

El torturador uruguayo busca salir de
prisión cuando la Justicia decida extradición Cordero pidió prisión domiciliariaSolicitó salir de la Brigada Militar Nº 2 de Santana
de Livramento para realizar exámenes médicos. El
reclamo se produce cuando hay expectativa por la
decisión del ministro Eros Grau del STF de Brasil,
quien puede definir su extradición. La votación está 5
a 2 y faltan tres votos.ROGER RODRIGUEZ rogerrodriguez@adinet.com.uy
Coronel Cordero. Está requerido por tres jueces de
Argentina y un juez uruguayo. El torturador uruguayo
Manuel Cordero Piacentini, preso en Brasil desde
febrero de 2007, solicitó al Supremo Tribunal Federal,
máximo órgano de justicia brasileño, que se le conceda
la prisión domiciliaria y se le permita salir de su
actual prisión en la Brigada Militar Nº 2 de Santana
do Livramento, con el argumento de que debe tratar
problemas de salud y realizarse exámenes médicos.
La solicitud de la defensa del militar, que ingresó al
expediente el pasado 2 de diciembre, será decidida por
el magistrado Marco Aurelio de Melo, ministro relator
del expediente de extradición Nº 974, quien ya se
pronunció en contra de entregar al coronel uruguayo a
la justicia de Argentina o Uruguay, donde se le
requiere por crímenes de lesa humanidad durante las
dictaduras de los años setenta en el Cono Sur.
Desde su captura por Interpool en la propia localidad
fronteriza con la ciudad de Rivera, el torturador
uruguayo ha ensayado en reiteradas ocasiones el motivo
sanitario para obtener mejores condiciones para una
reclusión que ya ha pasado por la sede de la Policía
Federal y un hospital de Porto Alegre y la
penitenciaría estadual y la brigada de la Policía
Militar de Santana. Cordero fue requerido por tres
jueces federales de Argentina, quienes indagan los
casos de la coordinación represiva conocida como Plan
Cóndor, las violaciones a los derechos humanos en el
centro clandestino de torturas Automotores Orletti de
Buenos Aires donde decenas de uruguayos fueron
desaparecidos y la privación de identidad de varios
niños secuestrados que fueron entregados a familias de
policías y militares.

La decisión de ErosLas organizaciones internacionales de derechos humanos
y los juristas de Brasil aguardan expectantes una
doble decisión que au del Supremo Tribunal Federal
(STF), máximo órgano judicial brasileño, quien debe
opinar sobre un recurso contra la Ley de Amnistía de
1979 y respecto a la extradición del coronel uruguayo
Manuel Cordero, requerido por crímenes de lesa
humanidad.
Los dos pronunciamientos del ministro Grau aparecen
relacionados en la interna política de Brasil, donde
nunca se ha indagado sobre las violaciones a los
derechos humanos de la dictadura que gobernó entre
1964 y 1985.
El voto "positivo" de Grau en cualquiera de los dos
casos podría determinar una apertura de las
investigaciones judiciales sobre lo ocurrido en el
régimen militar que dejó un saldo de más de 300
desaparecidos.
Grau es el "relator" (encargado del estudio y
exposición al plenario del STF) de una causa iniciada
por la Orden de Abogados de Brasil (OAB), en la que se
cuestiona la interpretación de la autoimpuesta
Amnistía de 1979, que se ha aplicado como un "perdón"
a víctimas y victimarios de la dictadura que en 1964
derrocó al presidente Joao Goulart, quien en 1976
murió de un infarto que hoy se sospecha asesinato.
A la vez, el ministro Grau es quien, el pasado 30 de
octubre, pidió "vista" del expediente sobre el
torturador Manuel Cordero y pospuso, por segunda vez,
una decisión del Supremo Tribunal Federal, donde se
comenzaba a modificar, a favor de la extradición, la
relación de votos que en una primera sesión del 11 de
setiembre parecía rechazar los requerimientos de la
justicia de Argentina y Uruguay.

"La espuria facultad"La decisión de Eros Grau comenzó a generar expectativa
en los medios de comunicación de Brasil, que hasta el
momento había informado con muy bajo perfil los temas
relacionados con los crímenes de la dictadura. Días
atrás, el prestigioso Folha de São Paulo publicó una
columna de la catedrática de derechos internacional
Deisy Ventura, que bajo el título de "Terrorismo de
Estado" alerta la situación planteada.
"Cabrá entonces al STF decidir no solo sobre la
posibilidad de juzgar agentes públicos por los
crímenes contra la humanidad practicados durante la
dictadura militar brasilera, como también ejercer la
espuria facultad de impedir que países vecinos hagan
lo mismo en relación a sus acusados", sostiene
Ventura, quien destaca las más de 3.500 firmas que
desde 38 países apoyan la campaña internacional por la
extradición de Cordero.
La votación está 5 a 2 y faltan tres votos. Gros
decide si suma su voto a los de Ricardo Lewandowski,
Cezar Peluso, Joaquim Barbosa, Carlos Ayres Britto y
Cármen Lúcia, que ya se pronunciaron por la
extradición de Cordero, o se unirá a la negativa de
Marco Aurelio de Mello y Carlos Menezes Direito.
Los ministros Celso de Mello y Ellen Gracie aún no
votaron. Si hay empate decide el presidente del STF,
Gilmar Mendes.